Desde acciónenred-Canarias impulsamos esta campaña por la regulación del aborto, en respuesta a la presentada la semana pasada por la Conferencia Episcopal Española y las declaraciones del Papa respecto al uso del preservativo.
Nos parece fundamental que desde el punto de vista democrático se regule el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo a través de una ley de plazos, sin injerencias de creencias religiosas ni de otro tipo que deben estar en el ámbito privado.
Pero esta regulación tendría que ser lo más amplia posible para que a través de ella se protejan los derechos de las miles de mujeres que se ven en la situación de tener que interrumpir su embarazo por diferentes motivos.
No obstante, es preocupante el alto número de abortos que se están produciendo entre chicas jóvenes (la mitad de las mujeres que abortaron en 2007 fueron menores de 30 años) y es deseable poder reducirlos. En este sentido, nos parece fundamental una educación sexual generalizada y de calidad, que entienda la sexualidad humana como fuente de bienestar, salud y placer, lejos de quienes la asocian al pecado o al peligro.
Abortar o no es una decisión personal que se inscribe en las circunstancias concretas de la mujer afectada. La decisión final no puede ser una imposición ni desde el punto de vista penal ni moral, ya que todas las personas tienen derecho a venir al mundo siendo queridas y deseadas por unos padres preparados para serlo. Por ello, queremos una ley de plazos que proteja los derechos de las mujeres.
La regulación del derecho al aborto debería tener en cuenta:
- Plazos lo suficientemente amplios para que no “dejen fuera” algunas circunstancias concretas que pueden vivir las mujeres como diagnósticos tardíos de malformaciones fetales, ser extranjeras, encontrarse en riesgo de exclusión social, etc.
- Que se establezca en 16 años la edad para el consentimiento, tal y como dispone la Ley de Autonomía del Paciente para otro tipo de intervenciones.
- Regulación de la objeción de conciencia de aquellos profesionales que intervienen directamente en la interrupción del embarazo en la red sanitaria pública.
- Educación sexual como prioridad y herramienta fundamental en la prevención de los embarazos no deseados.
- Garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en todos los sistemas sanitarios de las Comunidades Autónomas, sin que exista desigualdad entre ellas en la prestación de este servicio.
Además, exigimos al Gobierno Canario que:
- Atienda la necesidad de educar en sexualidad a las y los jóvenes en Canarias, mejorando, además, los recursos de atención para jóvenes y haciéndolos efectivos tanto desde el ámbito sanitario, social como educativo.
- Cumpla la prestación del servicio equitativamente en todo el Archipiélago Canario, poniendo los medios necesarios para ello y regulando la objeción de conciencia en los centros públicos.
- Informe adecuadamente a las mujeres sobre el acceso a esta prestación en la red sanitaria pública canaria.
