27 de septiembre de 2010

EL TRABAJO SEXUAL ES UNA OPCIÓN LABORAL PARA MUCHAS MUJERES.

Ante las recientes declaraciones de Isabel Guerra, Consejera de Empleo, Desarrollo Local e Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, sobre la prostitución, desde acciónenred-Canarias queremos manifestar:

1. Que el subtítulo que lleva las jornadas que convoca esta consejería del Cabildo “la prostitución como forma de violencia de género en Gran Canaria”, parte ya de una consideración falsa y prejuiciada de lo que supone la prostitución y conduce a tener una visión, cuanto menos, errónea de lo que se entiende por violencia de género.

2. Que la elaboración de un estudio fiable y riguroso como el que plantea la Consejera que se viene realizando desde hace diez meses, requiere necesariamente contar con la opinión de las propias interesadas, evitando partir de ideas preconcebidas y moralistas, que no sirven más que para desdibujar la realidad, y exige, también, diferenciar entre la prostitución voluntaria y la forzada.

3. Que, como consecuencia de lo anterior, invisivilizar a las mujeres que quieren ejercer voluntariamente la prostitución, desconsiderando sus derechos como trabajadoras, implica contribuir a su discriminación y estigmatización.

4. Que desde las posiciones abolicionistas y negadoras de derechos, sólo se contribuye a aumentar la vulnerabilidad y la discr

iminación que ya, desde una situación de alegalidad, vienen padeciendo las trabajadoras del sexo en nuestro país

De la misma forma que vienen haciendo sectores del feminismo y colectivos de prostitutas, desde acciónenred-Canarias reiteramos, una vez más, la necesidad de reconocer que el trabajo sexual es una opción laboral para muchas mujeres y en consecuencia, mantenemos que quienes se dedican a la prostitución deben tener reconocidos sus derechos ante las leyes por parte del Estado y no ser estigmatizadas, maltratadas y perseguidas.Es necesario regular unas condiciones laborales dignas para quienes ejercen la prostitución de forma voluntaria.

Consideramos que hay que perseguir a las mafias que se dedican al tráfico y explotación de aquellas personas que trabajan en la prostitución, así como garantizar protección y seguridad para quienes las denuncian.

Como podemos constatar en los países y lugares donde se llevan a cabo prácticas abolicionistas, como las que comparte la Consejera, las políticas que pretenden acabar con la prostitución provocan que esta actividad se desarrolle en la clandestinidad, lo que favorece la vulnerabilidad de las prostitutas, así como un mayor desarrollo de las mafias y chulos que actúan con más impunidad al no haber una división clara entre lo que debería ser legal (la prostitución voluntaria) y las prácticas delictivas (la prostitución obligada), que encuentran un terreno abonado para desarrollarse amparadas en las prohibiciones de las legislaciones abolicionistas de estos países.

29-S: UNA HUELGA GENERAL LEGÍTIMA Y NECESARIA.

El pasado 16 de junio, el Gobierno socialista, mediante real decreto ley, ha aprobado una reforma laboral regresiva que facilita y abarata el despido, reduce los derechos laborales y sociales, debilita la negociación colectiva y aumenta el poder empresarial y la capacidad de acción discrecional de los empresarios en las relaciones laborales. Esa reforma laboral, ya en vigor, y las medidas de ajuste fiscal adoptadas a mediados de mayo (congelación de las pensiones, reducción de los salarios de los empleados públicos, disminución de la inversión pública…) conforman los componentes básicos de la política antisocial adoptada por el Gobierno, reflejan la magnitud del incumplimiento de sus compromisos sociales y certifican la ruptura del diálogo social con los sindicatos.

Estas medidas aprobadas, lejos de delimitar las características específicas de la crisis de la economía, abordar sus causas y afrontar sus negativos impactos económicos y sociales no contribuyen en nada a solucionar la extrema debilidad de la actividad económica y la escasez de empleos ni a resolver los graves problemas que afectan a parados, a una parte significativa de pensionistas y amplios sectores de la ciudadanía.

En Canarias estamos padeciendo la crisis con una gran intensidad como consecuencia de un modelo de desarrollo económico altamente dependiente, de un sistema de protección social precario y limitado, de una dinámica política que propicia una democracia de baja calidad en la que los grandes partidos y los grandes empresarios se retroalimentan y benefician mutuamente, alejándose de las necesidades y los intereses de la mayoría de la ciudadanía.

Los datos sobre la situación social en canarias nos sitúan ante la magnitud y alcance de la situación de criis económica y social que vivimos en las Islas:

1. El paro sigue creciendo y la cifra de personas que buscan empleo con suficiente empeño como para ser consideradas paradas alcanza ya las 3000.000 (29,7% de la población activa).

2. Las situaciones más alarmantes afectan a:

· Los/as parados/as de larga duración (personas llevan más de un año en paro).

· Los/as jóvenes menores de 25 años (57% de desempleo).

· Las personas inmigrantes (una tasa de paro del 30,2% aprox.).

· En situación límite se encuentran 80.000 hogares canarios en los que todos sus miembros se encuentran en paro.

Además, en Canarias seguimos soportando los salarios más bajos respecto a la media del estado español, lo que contrasta con ser el territorio con la bolsa de la compra más cara. Si a ello unimos que los nivles de exclusión social y pobreza están ascendiendo, alcanzando porcentajes que según distintas fuentes rondan el 30% de la población, es evidente lo grave de la situación que vivimos en las Islas.

La política de los gobiernos español y autonómico canario han ido en la linea de recortar el gasto público, proteger a las grandes fortunas e impulsar las ayudas a los bancos y cajas de ahorro, mientras se introducen fórmulas que perjudican a amplios sectores, los más desfavorecidos, de la sociedad. El apoyo de Coalición Canaria al gobierno socialista, y las medidas impulsadas por el pacto PP-CC en el Gobierno Autonómico, suponen una muestra de cómo los grandes partidos han coincido en un tipo de política que ha beneficiado a los intereses empresariales, y no tanto a los intereses de la mayoría de la sociedad. La gestión de la crisis ha confirmado esta tendencia. No cabe duda de que la gestión de una crisis económica como la presente no es tarea sencilla que pueda lograrse con ocurrencias y simplezas que poco tienen que ver con la superación de la crisis y mucho con intereses económicos y políticos muy concretos, que ejercen un poder muy superior al de las capas sociales damnificadas por la crisis.

En este sentido, en el amplio repertorio de soluciones que se han ido presentando se abrió paso la necesidad de la reforma laboral para “salir de la crisis”. Una reforma laboral que supone un importante recorte de los derechos sociales y que muestra cómo, una vez más, son los sectores populares, aquellos que padecen más las consecuencias de la crisis, los que están llamados a pagar sus consecuencias, mientras los grandes responsables de la misma no se ven afectados.

La nueva reforma laboral implica pérdida de derechos. Esos derechos se han ido conquistando con mucho esfuerzo a lo largo de mucho tiempo. Su pérdida no se recuperaría fácilmente. Probablemente haya quien piense que en materia de derechos no se desanda el camino, que siempre se avanza y que la modernización y el progreso consolidan y amplían los derechos conseguidos. No es así. Los derechos laborales han sufrido a lo largo de los siglos XIX y XX un acoso constante y se han abierto paso en condiciones muy difíciles y a través de luchas y conflictos que enfrentaban los intereses de patronales y trabajadores. El resultado de cada uno de esos conflictos muestra que, al margen de su mayor o menor dureza, en materia de derechos también se puede perder y retroceder.

Para intentar justificar su política socioeconómica y neutralizar la oposición popular, desde los gobiernos español y autonómico se reelabora el viejo discurso de la necesidad de austeridad, de la aceptación de esos recortes y el empeoramiento de condiciones sociolaborales. Pero estas medidas de austeridad no son equitativas ni justas. Ni siquiera es una austeridad compartida ni equilibrada y el coste adicional de las medidas lo vuelven a pagar los débiles.

Ante esta situación, los sindicatos han respondido convocando una Huelga General para el próximo 29-S. Desde muchos sectores de la izquierda social mantenemos una actitud crítica general con respecto a unos sindicatos que, o bien desde hace años han mantenido una trayectoria de pasividad y acomodación con respecto a las políticas gubernamentales más negativas social y laboralmente, o bien se han movido por intereses propios alejados de los intereses de muchos ciudadanos, con altas dosis de sectarismo y prácticas antidemocráticas (con las contadas salvedades que también existen). Sin embargo, lo cierto es que las consecuencias de esta política económica y antisocial del gobierno trascienden a los sindicatos y afectan al conjunto de la ciudadanía. Es por ello, por lo que el hecho de que sean los sindicatos los convocantes no debe anular las razones y la necesidad de dar una respuesta social amplia a las actuaciones del gobierno. Es por ello por lo que creemos necesario apoyar activamente la Huelga General, sin renunciar por ello a mantener una actitud crítica con respecto a los sindicatos.

Por otro lado, entre amplios sectores progresistas se mantiene una actitud de indecisión sobre la huelga general ante el deseo de evitar la vuelta del PP al Gobierno estatal. Sin embargo, pensamos que es un error deducir que ese objetivo va a ser más fácilmente alcanzable si se suavizan las críticas, se rebaja el alcance del rechazo a las medidas gubernamentales o la huelga general recibe unos apoyos limitados. Ante la situación de recorte de derechos que se viene desarrollando por parte del gobierno socialista, es necesario que las bases progresistas de la sociedad expresen un contundente rechazo que exprese que queremos un modelo social distinto, y que no estamos por transitar por el camino ultraliberal, que ha sido el causante último de la situación de crisis actual.

La convocatoria de Huelga General se encuentra sujeta a dificultades para que se desarrolle con éxito: en primer lugar, la propia situación de crisis económica y la grave situación social que padecen amplios sectores de la sociedad canaria, con altos niveles de inestabilidad y precariedad laboral, son un obstáculo para la participación en la Huelga; en segundo lugar, la debilidad institucional de la izquierda canaria y el elevado debilitamiento de los colectivos sociales y la izquierda social, con una escasa capacidad de conectar con amplios sectores de la sociedad y de canalizar la movilización; en tercer lugar, porque la correlación de fuerzas en esta Huelga General es ampliamente desequilibrada a favor de los poderes gubernamentales y empresariales, con el amplio apoyo de los medios de comunicación; y finalmente, porque ni el gobierno socialista tiene intención de dar una salida satisfactoria a corto plazo a una huelga exitosa, ni existen fuerzas políticas con capacidad para forzar un cambio de rumbo.

Sin embargo, desde acciónenred-Canarias pensamos que es necesario participar activamente en esta Huelga General, a pesar de las dificultades y las expectativas de éxito, por varios motivos:

(1) Porque hay razones consistentes y suficientes para rechazar las políticas antisociales de los gobiernos estatal y autonómico, y las reformas que concretan ese rumbo y deterioran los derechos y las condiciones de vida de la mayoría. El proceso emprendido y el alcance regresivo de las medidas aprobadas tienen consecuencias profundas y duraderas. Van a condicionar la intensidad de la recesión, el tipo de salida de la crisis, el modelo socioeconómico resultante, las futuras relaciones laborales y la solidez del Estado del Bienestar.

(2) Porque si estas reformas llegan a aplicarse sin una fuerte oposición social, se facilitará el paso a nuevas agresiones sociales, debilitarán las dinámicas progresistas y desarticularán el sentido de justicia social y la cultura democrática que siguen vigentes, en la izquierda social y el tejido asociativo. En este sentido, pensamos que es necesario aunar fuerzas para que la Huelga sea lo más exitosa posible, y no compartimos la división que se propicia desde sectores Del movimiento sindical.

(3) Porque a pesar de que los sindicatos son los primeros que se juegan mucho en esta Huelga General, ya que su fuerza institucional puede verse fuertemente afectada, es el conjunto de la izquierda social e institucional la que podría quedar más debilitada todavía, no ya en el aspecto de la capacidad de acción y movilización de la sociedad, sino en la pérdida de prestigio de un discurso diferente que permita abrir posibilidades a un desarrollo diferente del que ha tenido la crisis hasta este momento.

Por todo ello, desde acciónenred-Canarias, apoyamos y convocamos a todas las personas y colectivos sociales para que participen activamente en la Huelga General del 29 de septiembre con el fin de expresar la oposición ciudadana a las políticas antisociales gubernamentales, rechazar la reforma laboral y evitar la anunciada reforma del sistema público de pensiones y para exigir un cambio en la orientación de la política socioeconómica. Además la Huelga General constituye un reto para el conjunto de la izquierda social canaria y una oportunidad con el fin de ganar apoyos en la idea de avanzar en el desarrollo de propuestas progresistas, que apuesten por el cambio de las estructuras sociales y promueva un modelo socioeconómico y de empleo más justo, solidario y sostenible para el conjunto de nuestras islas.

24 de septiembre de 2010.

20 de septiembre de 2010