La educación pública es un servicio esencial en las sociedades democráticas porque favorece la igualdad de oportunidades, aumenta la cohesión social y consolida el estado del bienestar. La aportación que ha hecho y hace, la escuela pública, para el progreso de Canarias, es impagable e insustituible Los déficits formativos históricos que ha padecido nuestra tierra, los indicadores actuales de abandono y fracaso en las titulaciones obligatorias básicas y la formación profesional, imprescindibles para la recolocación de las personas paradas o para el mantenimiento del empleo, nos exigen un esfuerzo preferente en las políticas de formación.
Las organizaciones que así nos manifestamos, consideramos que el momento que atraviesa la situación educativa canaria, en los últimos tiempos, es especialmente grave. Se multiplican los motivos para la insatisfacción, el malestar y el desacuerdo, con decisiones importantes del Gobierno de Canarias, justificando que convoquemos una movilización social, para reclamar un cambio urgente y visible de las decisiones, las inversiones, las normas, los programas y el talante de gestión, del Gobierno en su conjunto y de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en particular.
La gota que ha colmado el vaso del deterioro, es la oferta-imposición de Formación Profesional para el curso 2009-10, que reduce miles de plazas para el alumnado, obliga a desplazamientos imposibles, castiga a las zonas e islas alejadas y trunca el derecho a la formación de miles de jóvenes canarios. La nueva oferta de FP es urgente, pero debe programarse desde la máxima participación, consulta y consenso con los representantes institucionales, municipios, agentes sociales, profesionales del sector, alumnado, usuarios afectados y familias interesadas en esta modalidad de enseñanza, priorizando los nuevos títulos relacionados con los sectores emergentes e innovadores de la economía. Por eso, pedimos la retirada de la nueva oferta, la continuidad de los ciclos que están funcionando, la apertura de un nuevo período de inscripción y matrícula, así como la negociación del nuevo mapa de la FP, con todos los sectores afectados.
Igualmente sangrantes son las carencias en la construcción y rehabilitación de centros de Infantil, Primaria y Secundaria, en las zonas de crecimiento poblacional que llevan más de seis años pendientes de la licitación, teniendo presupuestos asignados. Confirmamos una discriminación en la ejecución de obras, en perjuicio de la isla de Gran Canaria. Las consecuencias ya son palpables: masificación de centros, las ratios más altas de los últimos 20 años, pérdida de espacios de calidad en los centros. Faltan equipamientos, dotaciones de bibliotecas, instalaciones para nuevas tecnologías, espacios comunes y locales para asociaciones de madres y padres.
Denunciamos el incremento generalizado de las ratios alumnado/profesorado, hasta 30 alumnos por aula en el caso de Infantil y Primaria, con el agravante de que ese incremento se lleva a cabo mezclando alumnado de distintas edades y niveles. Las sustituciones también están incidiendo en la calidad educativa. No es de recibo que en distintos institutos haya alumnado que llegue a estar hasta un mes y medio sin recibir clases en una asignatura. Queremos que en el próximo curso 2009-2010 no se repitan los errores que venimos sufriendo reiteradamente, y que nuestros alumnos y alumnas no pierdan horas lectivas por la falta de profesorado en sus aulas. Arbitrando, con tal fin, las medidas adecuadas para mejorar las dotaciones de personal docente en los centros, garantizando una gestión de sustituciones más rápida y eficaz.
La política de recortes presupuestarios está suponiendo la restricción injustificada de plantillas docentes que disminuyen la calidad de la enseñanza. No sólo se incumplen las sustituciones, sino que se reduce la optatividad, se suprimen modalidades de bachillerato, desaparecen apoyos y programas para la atención a la diversidad y las necesidades educativas especiales.
La necesidad de mejorar los resultados escolares, reclama una política preventiva que empieza desde la Educación Infantil. Por eso, criticamos el retraso en las iniciativas del Gobierno por generalizar la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años.
Los idiomas representan una necesidad social para el conjunto de la población, más allá incluso de las etapas obligatorias. El papel que juegan y deben seguir jugando las Escuelas Oficiales de Idiomas, se contradice con las decisiones que reducen la oferta para la población adulta y con las medidas de supresión de todos los cursos específicos.
El papel social que desempeña la escuela pública canaria, reclama la universalización de los servicios complementarios de comedor, refuerzos educativos, atención temprana y actividades extraescolares que complementan el currículum formal, en las etapas obligatorias. Para alcanzar estos objetivos es imprescindible aumentar la financiación de la enseñanza pública para alcanzar los niveles que recomienda la UNESCO. Todas las administraciones públicas deben concertar sus esfuerzos para que el resultado sea visible.
La educación de personas adultas, en una sociedad como la canaria, lastrada por déficits formativos históricos, requiere de una decidida ampliación de esta oferta, en centros y profesorado, con la finalidad de garantizar a este sector de población el acceso en condiciones de igualdad al derecho a la educación.
Las organizaciones sociales que respaldan este manifiesto, son conscientes de que nos queda una tarea larga para alcanzar todos estos objetivos. Algunos deben ser inmediatos y así lo exigimos al Gobierno canario. Pero manifestamos nuestro compromiso por mantener la exigencia, la coordinación y la movilización unitaria hasta lograr un gran Acuerdo Social por la educación canaria que garantice establemente, los objetivos que recoge este manifiesto; y que establezca sólidas bases que nos permitan alcanzar una educación con los máximos niveles de calidad que posibilite la mejor formación de la juventud canaria.
Suscriben inicialmente este manifiesto los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, Ingenio, Agüimes, Gáldar, La Aldea de San Nicolás, Vega de San Mateo y Artenara; la Federación de APAs Galdós; los sindicatos: Coordinadora Sindical Canaria, Convergencia Sindical Canaria, CSI-CSIF, EA Canarias, FETE-UGT, STEC-IC, Intersindical canaria y UCPL, y las organizaciones y federaciones: El Real de La Palmas, Movecan, Alcorac Guanche, Faycanato de Telde, Ben Magec, Foro social Gran Canaria, A de V Avecalta, acciónenred-Canarias.
