27 de septiembre de 2010

EL TRABAJO SEXUAL ES UNA OPCIÓN LABORAL PARA MUCHAS MUJERES.

Ante las recientes declaraciones de Isabel Guerra, Consejera de Empleo, Desarrollo Local e Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, sobre la prostitución, desde acciónenred-Canarias queremos manifestar:

1. Que el subtítulo que lleva las jornadas que convoca esta consejería del Cabildo “la prostitución como forma de violencia de género en Gran Canaria”, parte ya de una consideración falsa y prejuiciada de lo que supone la prostitución y conduce a tener una visión, cuanto menos, errónea de lo que se entiende por violencia de género.

2. Que la elaboración de un estudio fiable y riguroso como el que plantea la Consejera que se viene realizando desde hace diez meses, requiere necesariamente contar con la opinión de las propias interesadas, evitando partir de ideas preconcebidas y moralistas, que no sirven más que para desdibujar la realidad, y exige, también, diferenciar entre la prostitución voluntaria y la forzada.

3. Que, como consecuencia de lo anterior, invisivilizar a las mujeres que quieren ejercer voluntariamente la prostitución, desconsiderando sus derechos como trabajadoras, implica contribuir a su discriminación y estigmatización.

4. Que desde las posiciones abolicionistas y negadoras de derechos, sólo se contribuye a aumentar la vulnerabilidad y la discr

iminación que ya, desde una situación de alegalidad, vienen padeciendo las trabajadoras del sexo en nuestro país

De la misma forma que vienen haciendo sectores del feminismo y colectivos de prostitutas, desde acciónenred-Canarias reiteramos, una vez más, la necesidad de reconocer que el trabajo sexual es una opción laboral para muchas mujeres y en consecuencia, mantenemos que quienes se dedican a la prostitución deben tener reconocidos sus derechos ante las leyes por parte del Estado y no ser estigmatizadas, maltratadas y perseguidas.Es necesario regular unas condiciones laborales dignas para quienes ejercen la prostitución de forma voluntaria.

Consideramos que hay que perseguir a las mafias que se dedican al tráfico y explotación de aquellas personas que trabajan en la prostitución, así como garantizar protección y seguridad para quienes las denuncian.

Como podemos constatar en los países y lugares donde se llevan a cabo prácticas abolicionistas, como las que comparte la Consejera, las políticas que pretenden acabar con la prostitución provocan que esta actividad se desarrolle en la clandestinidad, lo que favorece la vulnerabilidad de las prostitutas, así como un mayor desarrollo de las mafias y chulos que actúan con más impunidad al no haber una división clara entre lo que debería ser legal (la prostitución voluntaria) y las prácticas delictivas (la prostitución obligada), que encuentran un terreno abonado para desarrollarse amparadas en las prohibiciones de las legislaciones abolicionistas de estos países.