Hace unos días, en Gran Canaria, una chica de 18 mantiene relaciones sexuales coitales con un chico utilizando preservativo. Éste se rompe. Acuden rápidamente a urgencias en Centro de Salud y le dicen que tiene que pedir hora con su médico de cabecera para que le recete la píldora postcoital “¡pero si la píldora sólo se puede utilizar en las 72 horas siguientes y la cita me la dan dentro de 4 días!” reclama ella. El médico se ríe y tras la insistencia de la pareja le hace una receta. Ella corre a una farmacia “perdone, señorita, aquí no pone el nº de colegiado del médico que la atendió. La receta no sirve” (como en las películas “basado en un hecho real”).
Pocos días después, aparece en prensa la noticia de que dentro de tres meses podremos adquirir la píldora postcoital sin receta médica en las farmacias. Y hoy, los obispos llaman a la objeción de conciencia.
Mientras tanto, tenemos más casos de jóvenes que acuden a sus Centros de Salud, e incluso farmacias, reclamando un método anticonceptivo de emergencia y se encuentran con objeciones de conciencia veladas, y no tan veladas, que les impiden reclamar sus derechos, por miedo, por vergüenza y por desconocimiento. Objeciones personales que impiden el cumplimiento efectivo de derechos sociales.
En Canarias tenemos un enorme problema de embarazos en adolescentes, los cuales pueden acabar interrumpidos o llegados a término. A falta de estudios en profundidad, podemos extraer algunos datos que den muestra del impacto de este problema: en el 2006, en el 4% de los nacimientos en Canarias las madres tenían hasta 19 años. En el caso de las interrupciones voluntarias de embarazo en el 17% de los casos las mujeres tenían menos de 20 años. En este sentido, las intervenciones sociales, educativas y sanitarias que se proyecten deberían tener una doble mirada: por un lado, y de forma prioritaria, la prevención de los embarazos adolescentes para reducirlos y, por otro lado, dotar de los recursos necesarios para actuar frente a la situación de, sea cual sea el motivo, tener que enfrentarse a un embarazo no deseado.
En este sentido considero esencial en primer lugar, que se garantice una educación sexual de calidad, sin prejuicios sexistas ni moralistas, que atienda a las necesidades de las y los jóvenes y que les ofrezca habilidades para un uso satisfactorio y seguro de su sexualidad. Desde hace años, después de que Canarias se situara a la cabeza del estado español en materia de educación sexual en la escuela pública a través del Programa Harimaguada, estamos viviendo un vacío formativo e informativo sobre este asunto. Ni educación reglada en materia de sexualidad (que en muchos casos queda de la mano del voluntarismo del profesorado), ni servicios eficientes de información sexual para jóvenes a cargo de la administración pública, ni fomento de investigaciones ni proyectos socioeducativos que aborden esta cuestión… simplemente vergonzoso. Todos sabemos que la educación sexual es la piedra angular de la prevención de problemas como los embarazos en la adolescencia, así como para la prevención de abusos, de discriminación de las diversas opciones sexuales, de las infecciones de transmisión sexual… Pero respondemos “¡información ya hay!, hoy se habla mucho de sexo y los jóvenes saben”. Sí, claro, más acceso a la información sobre sexualidad tenemos y se corresponde con las transformaciones de las mentalidades de nuestra sociedad en apenas 30 años, pero esta “libertad sexual” no ha venido de la mano en capacitación ni educación, ni siquiera en que la información que tenemos favorezca, precisamente, que cuestionemos modelos impositivos y normativos de la sexualidad, al revés, nos encontramos con afirmaciones del tipo: “es que si te da un calentón no se puede controlar haya o no haya condón”; con dificultades para entender la sexualidad más allá de la penetración, con problemas para negociar el uso de los anticonceptivos, etc.
En segundo lugar, es fundamental el reconocimiento y cumplimiento efectivo de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva: recursos de información sexual, acceso a los métodos de emergencia, así como el derecho al aborto. Además de la regulación de la objeción de conciencia para asegurar el cumplimiento de nuestros derechos. Es inaceptable, por ejemplo, que por una objeción de conciencia individual se dificulte el acceso de una persona, a la píldora postcoital.
Estas cuestiones están en el debate público de forma notoria desde hace un año. Ahora nos encontramos con el Anteproyecto de Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo del Gobierno estatal, que contiene luces y sombras para quienes apostamos por el derecho a decidir de las mujeres.
Con todo esto, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos para caminar en esta dirección es el mutismo de las administraciones públicas canarias para abordarlo, que hacen que por defecto o por “abusos”, no se reconozcan derechos ni se cumplan efectivamente lo que hemos conseguido tras años de avances y transformaciones sociales. Considero que debemos exigir a las administraciones públicas canarias que de una vez por todas se comprometan a abordar los problemas que tenemos en Canarias en relación a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Dejemos de mirar para otro lado y de lamentarnos de lo que está pasando en Canarias y exijamos los medios y el compromiso para mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes.
Autora: Noemi Parra Abaúnza. Coordinadora del Programa Por los Buenos Tratos de acciónenred-Canarias,y autora de la Guía de sexualidad para jóvenes “Sexo: Instrucciones de uso” (2009).
